Ecuador concurre con una fuerte preocupación en torno a la política de drogas vigente y reiteramos que la política de drogas de naciones unidas necesita cambios profundos, ya que el modelo propuesto centrado en la reducción de la oferta no ha tenido los resultados esperados, lo que hemos generado son graves danos a la población, medioambiente de los países mas pequeños. Por mas de 50 annos no se han tenido en cuenta las particularidades históricas de los países. La prohibición ha potenciado el negocio ilícito de las drogas y estrategias punitivas impuestas sobre los pequeños usuarios, se ha extendido la corrupción, se han desnaturalizado los sistemas judiciales y policiales, generando un desequilibrio en la proporcionalidad de las penas, se ha producido el desplazamiento forzado de la población y se ha dannado la naturaleza a través de la erradicación forzada…
Subrayamos la soberanía de los enfoques. Los pueblos de America latina y el caribe son los que han llevado la peor parte. El 90% del dinero ilícito acaba en las economías lícitas de países del norte, pero el grupo de acción financiera internacional siguen incluyendo a los países del sur en los países de blanqueadores. Si bien los cultivos crecen en el sur, los precursores y las armas vienen del norte.
Hemos de superar la visión prohibicionista. En ecuador, según la constitución, las adicciones son un problema de salud publica y se prohibe su criminalización. En el código penal se plasmó la necesidad de la proporcionalidad de las penas.
Ecuador plantea que se replantee la visión integral sobre la política de drogas en el marco de las naciones unidas, que se revisen las convenciones vigentes respetando la soberanía de los estados y la pluralidad cultural. Por ello,
- reivindicamos el respecto de experiencias soberanas, y la implementación de iniciativas nacionales.
- Nuestro debate ha de estar centrado en el ser humano y sus dimensiones y no en las sustancias
- Necesitamos enfoques alternativos en torno al uso y consumo
- humanismo, presencia del estado como garante de derechos humanos, salud y buen vivi
- programa de naciones unidas para el medio ambiente, la UNESCO, la OMS, el PNUD… han de implicarse en el debate sobre políticas
- el rol de la CND y de la JIFE ha de reorientarse, tomando en cuenta la injerencia de su proceder
- sustituir la política de criminalización del consumo y su sustitución por políticas basadas en salud, desarrollo y derechos humanos
- incorporación de las comunidades en proyectos de desarrollo alternativo
- que se reconozca que el desarrollo alternativo, incluido el preventivo, es una alternativa viable, que se potencia la certificación mundial de desarrollo alternativo
- necesidad de conformar grupos de trabajo multidisciplinarios con la academia, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
En la OEA, la UNASUR y la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños se han producido avances para avanzar en el debate de política de drogas desde políticas integrales y multidisciplinaria. En septiembre de 2014, los países de la OEA acordamos asistir a la UNGASS 2016 con una sola voz. Los estados miembros han de revisar el abordaje de enfoques tradicionales.