Políticas punitivas ajenas a los intereses nacionales han sido impuestas, se ha generado un desequilibrio en la proporcionalidad de las penas. El cuestionamiento de las políticas sobre drogas recorre todo el hemisferio latinoamericano.
Son muchas las voces que abogan por un cambio de paradigma, desde la cumbre de Cadiz pasando por la CICAD y la declaración de Antigua, Guatemala.
Al más alto nivel se han producido acuerdos para re-evaluar las políticas actuales, así como los instrumentos con los cuales la comunidad internacional
No pretendemos imponer un criterio monolítico, la homogeneidad de una política no es adecuada para todos los países. Subrayamos la independencia y la soberanía de los estados en la búsqueda de alternativas.
Los pueblos de América Latina y del Caribe, así como otros pueblos del Sur, son los que más están sufriendo las estrategias punitivas sobre las drogas.
Políticas de imposición han convertido a los países del norte en arbitros de democracia, cuando todos sabemos que el 90% del dinero sucio se lava en el norte.
Mi delegación considera que debemos sustituir el problema mundial de las drogas por el fenómeno social de las drogas. Del norte vienen las armas que incrementan la violencia.
Ecuador como parte de la corriente de transformaciones socieales que vive América Latina mantiene su compromsio para abrir el debate. Debemos reconocer las condiciones estructurales de violencia y miseria, dejandole pocas posibilidades al Estado para garantizar el Buen Vivir y el bienestar de sus habitantes.
Ecuador propone la necesidad de plantear una revisión integral de las políticas de drogas en las Naciones Unidas, actualizar las convenciones vigentes: debería generarse una comisión ad-hoc que prepare un documento que recoge las realidades manifestadas, promover el desarrollo alternativo y el desarrollo alternativo preventivo.
Debemos reconstruir lo público para reconocernos los unos a los otros. Requerimos del fortalecimiento de las capacidades de autoregulación. Necesitamos nuevos indicadores y desmilitarizar la política de drogas vigente en el marco de respeto a los derechos humanos. Esta visión debería conducir a un mejoramiento de la calidad de vida.
Ecuador exhorta al mundo a que el debate sobre drogas este centrado en el ser humano y el individuo y no en las sustancias.
La JIFE se ha arrogado atribuciones que son competencia de los estados miembros. Las convenciones internacionales, como todo producto humano, son interpeladas por la realidad y deben ser discutidas por los estados miembros para el pleno respeto de los derechos humanos.